El pasado jueves 15 se cumplieron 99 años del inicio de la revuelta estudiantil cordobesa que la Historia reconoce como Reforma Universitaria y que cambió el curso de la Argentina y de toda América latina. 
Contemporánea de la 1ª Guerra Mundial; el 1er gobierno popular argentino y la Revolución Rusa –y medio siglo antes del famoso Mayo Francés– la entonces ultraconservadora Universidad de Córdoba fue sacudida por miles de estudiantes que cuestionaron la legitimidad de las autoridades y sus arcaicos reglamentos. 
La evocación tiene sentido, en estos días, dada la claudicación del radicalismo oficial y la presunción que muchos tienen de que el actual silencio de la otrora Agrupación Nacional Reformista Franja Morada pueda deberse al desguace educativo que practica el macrismo. En momentos en que es muy bajo el activismo del socialismo y el peronismo universitarios, e incluso algunas voces rumorean que el Grupo Clarín financia corrientes de izquierda, sobran razones para temer que el Centenario de la Reforma, en 2018, resulte un fiasco. Porque la desmovilización estudiantil hoy es un hecho, más allá de que en algunas facultades, de algunas universidades nacionales, hay luces encendidas.
Del lado del gobierno nacional sólo cabe esperar que se profundice el avance destructor. Están jugados en favor de un modelo empresarial de universidades privadas, con el fin de la gratuidad y la instauración aquí de lo peor del modelo norteamericano (con casi nada de sus muchas virtudes). 
Por eso es útil recordar aquella gesta iniciada en marzo de 1918 por un Comité Pro-Reforma al que el Consejo Superior y el rector respondieron cerrándoles las puertas. Así nació la Federación Universitaria Argentina (FUA), que con representantes de otras universidades (Santa Fe, La Plata, Tucumán, Buenos Aires) se puso al frente de la rebelión. 
Ante la gravedad de los desmanes en Córdoba, el presidente Hipóliyo Yrigoyen intervino la Universidad y puso a cargo a Nicolás Matienzo, quien reformó el Estatuto reemplazando el de 1893 y llamó a Asamblea Universitaria, para elegir democráticamente a los decanos de las entonces tres únicas facultades (Derecho, Medicina y Ciencias Exactas), lo que fue un triunfo de la Reforma. Emilio Caraffa fue proclamado vicerrector y se pasó para el 15 de junio la elección del Rector, que todo indicaba sería Enrique Martínez Paz, otro de los promotores de la Reforma. Sin embargo, rompiendo todos los compromisos contraídos, los consejeros eligieron como rector a Antonio Nores, candidato de una asociación clerical llamada “Corda Frates”. Los estudiantes, traicionados, irrumpieron en el salón, impidieron el acto y declararon la huelga.
Dos días después, el 17, Nores asumió en un clima de violencia. La FUA exigió su renuncia y el 21 se hizo público el célebre “Manifiesto a los Hombres Libres de Sudamérica”, redactado por Deodoro Roca, uno de los máximos líderes estudiantiles. Pero ante la insostenible y caótica situación, el 11 de julio el Consejo Superior clausuró la Universidad. El 1er. Congreso Nacional de Estudiantes, convocado por la FUA, proclamó las grandes banderas reformistas: autonomía; gobierno tripartito; asistencia libre; concursos de oposición; libertad y periodicidad de cátedras. Nores no tuvo más remedio que renunciar, y el gobierno nacional designó nuevo interventor a José Salinas, quien aceptó la reforma del estatuto y las aspiraciones estudiantiles, lo que permitió que muchos reformistas accedieran a cátedras, entre ellos Roca y Arturo Capdevila.
El ideario de la reforma se expandió a toda Latinoamérica y en 1920 Gabriel del Mazo, presidente de la FUA, firmó convenios con Federaciones Estudiantiles de Perú y Chile, solidarias con la reforma y el ideario americanista, la creación de Universidades Populares y las escuelas para indígenas. En 1921 se celebró en México el 1er. Congreso Internacional de Estudiantes, comprometido con la lucha por la justicia político-económica, el cogobierno y la asistencia libre. Por eso el orgullo cordobés de que allí nació la genuina democratización de la enseñanza, que rápidamente consiguió la adhesión de todo el continente.
La Reforma Universitaria inauguró también el activismo estudiantil en forma de agrupaciones políticas. En la Argentina había entonces sólo tres universidades nacionales (Buenos Aires, Córdoba y La Plata), y dos provinciales (Tucumán y del Litoral) y en todas empezó la tradición libertaria y democratizadora que hoy, 99 años después, está en vías de ser sustituida -con el cuento del “gasto público”, una falsa “calidad”, el “emprendedorismo”, financiamientos externos y una distorsionada “igualdad de oportunidades”- por un modelo universitario neoliberal, para pocos y ricos.
A casi un siglo de la Reforma –y no sin conflictos muchas veces sobrados de necedad y sectarismo– en 2015 la Argentina contaba con 132 universidades (62 nacionales y 6 provinciales), y con 64 privadas. Con casi dos millones de estudiantes universitarios (que aumentaron el 22,5% entre 2005 y 2015) y con más estudiantes per cápita que Brasil y Chile, la inmensa mayoría cursa en las universidades públicas, donde el nivel es necesariamente desparejo en muchos campos, puesto que los estudiantes provienen de todas las clases sociales y de educaciones iniciales, primarias y secundarias harto diferentes. 
Este último señalamiento es fundamental para enfrentar el cuestionamiento neoliberal que “acusa” a las universidades públicas porque su promedio de egresados es de 44 por cada mil estudiantes, cuando en las privadas es de 99 por cada mil. Sus argumentos no reconocen el negoción que representa la inflación de estudiantes de las tres carreras más concurridas del país (y dicho con cautela, acaso las menos urgentes): Abogacía, Economía y Psicología. Ni que sólo un puñadito de privadas ofrece carreras como Medicina, Ciencias Exactas, Ingenierías y otras que requieren fuertes inversiones.
Por lo menos desde 1958, cuando los mismos grandes diarios de ahora inventaron la primera grieta -”laica o libre”: el artículo 28 de una ley que el presidente Frondizi obsequió a la jerarquía eclesiástica- el neoliberalismo local siempre buscó privatizar la universidad e incluso la educación toda. Algunos memoriosos del cincuentenario de la Reforma recuerdan que en junio de 1968 la dictadura de Onganía reprimió un acto en Rosario al que estaban invitados Arturo Illia, Alicia Moreau de Justo y otras personalidades, reprimidos por orden de los ministros Borda (Interior) y Astigueta (Educación). 
Así, de a poco, lo que hace años se debatía en los claustros fue silenciado por la arancelización clandestina que se vino instalando en las universidades públicas. Recuerdo un compañero de primaria, radical de cepa, que fue rector de la UNNE y que un día de hace un cuarto de siglo me emocionó con una defensa apasionada y rigurosa de la gratuidad universitaria. Claro que eran tiempos de Menem y no faltaban los que se montaban al carro privatizador. No sé ahora si aquel amigo radical comparte los vientos macristas que despeinan a las autoridades de su partido, traicionando al mismísimo Yrigoyen.